El Gobierno oficializó la puesta en marcha del Registro Integrado de Beneficiarios (RIB), una base de datos que unificará la información de quienes reciben asistencia estatal. Buscan mejorar el control, evitar superposiciones y optimizar el uso de recursos públicos.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base de datos única que concentrará información sobre las personas que reciben prestaciones y servicios del Estado.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 23/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, con el objetivo de transparentar y optimizar el seguimiento de los beneficiarios de la ayuda social en Argentina.
El nuevo registro tendrá como objetivo central identificar con precisión quiénes reciben asistencia social, incorporando datos y características de cada beneficiario. La información será aportada por los distintos organismos y programas nacionales, y luego integrada en un sistema común.
Según se detalla en la normativa, el RIB “permitirá fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la coordinación interinstitucional de las intervenciones sociales, facilitando el seguimiento de su cobertura, complementariedad y eventuales superposiciones, así como la gestión integral de la inversión social”.
La creación del registro apunta a mejorar la trazabilidad de los fondos públicos. Hasta ahora, la dispersión de la información entre distintos organismos dificultaba detectar si una persona recibía beneficios duplicados o si existían baches en la cobertura.
Con respecto a la privacidad de los ciudadanos, la resolución aclara que el tratamiento de la información se regirá estrictamente por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el responsable de implementar las medidas de seguridad y confidencialidad necesarias para proteger la integridad de los titulares de los datos. Además, como autoridad de gestión del SIIS, tendrá a su cargo la custodia, el seguimiento y la elaboración de las estadísticas derivadas del nuevo registro.
La implementación del RIB no supondrá un gasto extra fuera de las partidas ya presupuestadas para el Consejo, y entrará en funciones de manera inmediata para comenzar la migración y armonización de las bases de datos existentes.
