La movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) resultó masiva y fue interrumpida por una fuerte represión policial. Los principales gremios que integran la conducción aportaron nutridas columnas, aunque acotadas a los representantes con fueros gremiales. A diferencia de la movilización del 12 de marzo de 2025 o las universitarias de 2024, no se sumaron manifestantes no estructurados en forma masiva.
La movilización de la CGT
La decisión de la mayoría del Consejo Directivo de no convocar a un paro nacional de actividades tal como habían amenazado el pasado 18 de diciembre le restó potencia a una jornada que, además, se vio abruptamente interrumpida por la represión policial desatada contra el conjunto de los manifestantes, cuando un grupo aislado y sin identificación comenzó a arrojar algunos proyectiles contra los uniformados.
La represión comenzó alrededor de las 16.30 horas, horario en el cual podrían sumarse nuevos contingentes de trabajadores, una vez que hubiera concluido su jornada laboral. Sin embargo, la ausencia de un paro privó a muchos trabajadores de poder asistir a defender sus derechos laborales, avasallados en un debate vacío dentro del Congreso de la Nación.
Los sindicatos que sí aportaron columnas que excedieron a los denominados cuerpos orgánicos fueron aquellos que decidieron parar o disponer cese de actividades. Fue el caso de la UOM, los Aceiteros, el SUTNA, el SiPreBA, los Aeronavegantes, los gremios portuarios y marítimos y la AGD-UBA, entre otros.
Pero la movilización, a diferencia de la anterior a la Plaza de Mayo, no concluyó con un acto donde los dirigentes expresaron su opinión a la vez que emitieran un mensaje a los legisladores y el gobierno. Tampoco hubo escenario donde se diera lectura a un documento o pronunciamiento de algún tipo. El silencio político de la CGT sólo pudo ser parcialmente quebrado con un comunicado que difundieron por redes sociales.
El pronunciamiento se dirigió directamente contra los senadores de la nación a quienes instaron a “actuar con responsabilidad” en tanto “este proyecto de ley no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”.
Allí el Consejo Directivo de la CGT denuncia que la “pretendida ley de modernización laboral” carece de consenso en tanto se presentó “sin acuerdo de los sectores involucrados”. A la vez, sostienen, marca “dos objetivos evidentes, la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales que defienden los derechos de los trabajadores”.
El comunicado sostiene que “es nuestro deber y responsabilidad expresar nuestro más absoluto rechazo a esta ley que solo traerá contratos más precarios, despidos más baratos y jornadas más largas por menos salario”.
A la vez apuntaron contra los senadores indicando que “cada legislador tiene un compromiso no solo con el normal funcionamiento de la educación, la salud y la justicia de su provincia, sino también con cada laburante”. El mensaje, claro, busca cargar las tintas en la conquista de votos que el gobierno logró haciendo uso discrecional y arbitrario de las transferencias a las provincias.
Para la CGT, en definitiva, “Modernizar no es precarizar ni destruir derechos”. A la vez, se ofrecen como interlocutores para la discusión de una reforma en la que, dicen, son “aliados estratégicos”.
Sin escenario, ni atril, ni acto ni oradores, la Central Obrera encontró la forma de expresarse sin hacer demasiado ruido. Es que, claro, algunos de los artículos que eran de su interés (aportes solidarios y cuotas sindicales) fueron eliminados o morigerados.
