Unionbat, una histórica fabricante argentina de baterías para automotores y proveedora de terminales automotrices, entró en concurso preventivo tres meses después de cerrar su planta industrial de Gualeguaychú y despedir a 101 trabajadores.
La compañía, fabricante de las baterías Willard, concentró toda su producción en su planta de General San Martín, provincia de Buenos Aires, donde mantiene una dotación de 212 empleados. Llegó a la Justicia después de una fuerte caída de las ventas y de acumular pérdidas millonarias. Entre las causas de la crisis señaló especialmente el crecimiento de la competencia de productos importados, principalmente de Brasil, y su impacto sobre los precios y márgenes.
Deudas por más de $40.000 millones y el cierre de una planta
La dimensión del problema aparece en los números presentados ante la Justicia. Unionbat denunció deudas por $40.962 millones, además de u$s3,92 millones y €21.427. Su último balance anual, cerrado en febrero, ya había anticipado el deterioro: terminó el ejercicio con una pérdida de $21.929 millones y su patrimonio neto se redujo cerca de 90%.
Con más de un siglo de trayectoria en el mercado local, Unionbat fabrica baterías para el mercado automotor, industrial y de reposición. Según la propia compañía, es el único fabricante de baterías del país con certificación IATF 16949 y el único que abastece con producción local a equipos originales de terminales automotrices.
Hasta junio operaba dos plantas industriales: una de 9.400 metros cuadrados en General San Martín y otra de 20.000 metros cuadrados en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Entre Ríos. Esta última dejó de producir en medio del proceso de ajuste que terminó desembocando en el concurso.
El cierre dejó además una deuda millonaria con los trabajadores desvinculados. Unionbat reconoció ante la Justicia que no pudo afrontar íntegramente las indemnizaciones y estimó en alrededor de $5.000 millones las obligaciones derivadas de esos despidos. La compañía aseguró además que no cuenta con fondos líquidos suficientes ni con acceso a nuevo financiamiento para cancelarlas por fuera del proceso concursal.
