La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), bajo la órbita del Ministerio de Economía, reglamentó el fondo de cese laboral, una herramienta alternativa a la indemnización tradicional por despido y de adhesión voluntaria (que requiere el acuerdo de ambas partes de cada actividad), contemplada en la Ley Bases y defendida por el oficialismo como una vía para reducir la “industria del juicio laboral”.
La medida habilita a las empresas privadas a contratar “Seguros de Cese laboral” que cubran la desvinculación de sus trabajadores, funcionando como un mecanismo de prepago de indemnizaciones. Se trata de un modelo similar al que rige en el sector de la construcción, donde los aportes se acumulan en una cuenta individual del trabajador, y pueden ser invertidos en activos financieros mientras no se utilizan. El trabajador puede acceder a los fondos al finalizar la relación laboral, cualquiera sea la causa del cese.
Justamente, el empleo en ese sector posee características singulares: concluye cuando termina la obra. En ese caso, la indemnización tradicional encarece el costo laboral, algo que no ocurriría en sectores como la industria donde las empresas se inclinan por retener a los trabajadores entrenados. Algunos sectores en los que habría interés por implementar estos seguros son: servicios de seguridad y vigilancia privados, los gastronómicos y en el sector agrario.
Este sistema tiene características similares a las de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que rigió en los años 90, y que consistía en el depósito mensual de un monto de dinero en una cuenta de las empresas de AFJP, que cobraban un porcentaje altísimo (el 30 por ciento del aporte) por “gastos administrativos” y utilizaban esos recursos -destinados a una futura jubilación o seguro de retiro- para colocarlos en inversiones financieras. En los hechos, terminó siendo un desfalco para el sector público.
La implementación del fondo se inscribe dentro de las reformas laborales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, bajo la premisa de “liberar el mercado de trabajo” y reducir cargas sobre el sector privado, incorporada en la Ley Bases. Pero desde sectores sindicales y laborales advirtieron que esta fórmula puede significar una desprotección para los trabajadores, al reemplazar un derecho consagrado por una prestación que, en la práctica, podría ser menor y más flexible para el empleador.
Los seguros estarán gestionados por entidades aseguradoras habilitadas, reguladas por la SSN. Además, la normativa establece que los fondos deberán estar disponibles sin demoras indebidas, una vez producido el cese del trabajador. El fondo es inembargable y permite al trabajador también aportar a su propia y eventual indemnización.
