El Gobierno de Javier Milei decretó ayer la intervención de los medios públicos por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el Gobierno allana el camino hacia la posibilidad de una privatización, a tono con sus promesas de campaña y con la autorización a dar ese paso que figura en el proyecto de Ley Ómnibus que se está debatiendo en el Congreso de la Nación.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno estableció que la medida abarca a Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías, que funcionarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al comando de Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según establece la normativa vigente.
Luego de ganar el balotaje frente a Sergio Massa, Milei había ratificado su expresa voluntad de privatizar estas empresas, a las que llegó a definir como “un mecanismo de propaganda”, sobre todo la TV Pública, bajo su lema “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.
Los objetivos de la intervención, según el decreto, incluyen “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”.
Además, la intervención estará encargada de “presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios, personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.
Desde diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
