
Docentes universitarios de todo el país iniciaron este lunes un paro nacional por una semana, una medida que afectará el dictado de clases en universidades públicas. La protesta fue definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en reclamo de recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue adoptada durante el Congreso de la federación sindical, que reunió a representantes de 30 sindicatos de base y más de 90 congresales, quienes resolvieron profundizar el conflicto con el Gobierno nacional ante la falta de avances en las negociaciones salariales.
Desde la organización gremial señalaron que el conflicto se centra en la situación salarial del sector y en el financiamiento del sistema universitario público. En ese sentido, advirtieron que “el Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente”, al tiempo que insistieron en el reclamo para que se cumpla la normativa vigente vinculada al financiamiento de las universidades.
Plan de lucha para el primer semestre
La medida de fuerza forma parte de un plan de lucha progresivo que se extendería durante el primer semestre del año.Según lo definido en el congreso sindical, además del paro de esta semana se prevé nuevas semanas completas de cese de actividades a partir del lunes 30 de marzo y del lunes 27 de abril, en caso de que no se registren avances en las negociaciones. El seguimiento de las medidas será evaluado por el plenario de secretarios generales de la federación, que podrá definir nuevas acciones. En paralelo, las organizaciones docentes anticiparon la convocatoria a una marcha federal universitaria, que tendría como fecha tentativa el 23 de abril. La movilización será coordinada junto al Frente Sindical Universitario y organizaciones estudiantiles, con el objetivo de convocar a docentes, estudiantes y autoridades universitarias en defensa del sistema público. Desde el sector gremial advirtieron que el conflicto podría profundizarse durante el semestre si no se reabren las negociaciones salariales o si avanza en el Congreso algún proyecto de modificación de la ley de financiamiento universitario.