La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notificó a más de 220.000 contribuyentes sobre su recategorización de oficio dentro del régimen de monotributo. El proceso, de carácter semestral y habitual, fue llevado adelante durante el verano bajo la conducción de Andrés Vásquez al frente del organismo.
El mecanismo establece en qué categoría del monotributo se ubica a cada contribuyente. Si la nueva categoría es superior a la actual, el inscripto debe abonar la diferencia entre el importe mensual de la categoría nueva y lo que ya venía pagando. La notificación llega al domicilio fiscal del contribuyente e indica que la categoría vigente fue detectada como inexacta a partir de controles sistémicos.
La medida generó polémica porque varios contribuyentes denunciaron que el sistema no diferenciaba entre ingresos por actividad económica y transferencias personales. Las quejas se multiplicaron en redes sociales y medios de comunicación, generando una escalada que obligó al Gobierno a salir a aclarar su postura.
Desde el Gobierno, a través de la Oficina de Respuesta Oficial, se desmintió que el procedimiento utilice transferencias personales como base para recategorizar. Según esa dependencia, lo que se analiza son "operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR", y aclararon que "se miran cobros, no transferencias".
El tributarista César Litvin explicó que el proceso está previsto en la normativa cuando hay diferencias entre lo declarado por el contribuyente y los datos que registra ARCA. Según señaló en declaraciones a Noticias Argentinas, en principio se toma como una inconsistencia que el contribuyente puede rebatir mediante un descargo, acreditando que ciertos ingresos —como préstamos, transferencias entre cuentas propias o acreditaciones ajenas a la actividad— no constituyen ganancias gravadas.
Litvin advirtió que "cualquier ingreso en cuenta presume ganancia", por lo que recomendó a los monotributistas ser muy cuidadosos en el uso de sus cuentas cuando los movimientos no provengan de su actividad comercial. El consejo apunta especialmente a quienes operan con billeteras virtuales.
Ante la controversia, ARCA habilitó una opción para que los contribuyentes pudieran expresar su disconformidad, disponible hasta el 16 de marzo inclusive. Unos 24.000 monotributistas hicieron uso de esa herramienta: en esos casos, el procedimiento de recategorización quedó en suspenso a la espera de una nueva fiscalización.
