La decisión judicial habilita a los imputados a acceder a pruebas clave en la investigación que vincula a Karina Milei y Lule Menem con la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El juez federal Sebastián Casanello levantó el secreto de sumario en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida permite que los imputados y sus defensas accedan a una serie de pruebas cruciales, incluyendo declaraciones, registros de ingresos a barrios privados y peritajes de teléfonos celulares.
La investigación, que continuará bajo la fiscalía de Franco Picardi, se centra en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina y salpica directamente a figuras cercanas al gobierno de La Libertad Avanza. En el expediente judicial, se menciona a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem como presuntos participantes en la distribución de retornos económicos, aunque esto aún no ha sido demostrado.
La causa se inició con la denuncia del abogado Gregorio Dalbón y cobró un impulso decisivo tras la difusión pública de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis. En las grabaciones, difundidas el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Mauricio Federico, Spagnuolo supuestamente detallaba cómo se habrían repartido los sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei.
Elementos clave en la investigación
A raíz de la filtración, el fiscal Picardi ordenó transcribir los audios. Ahora, tanto las defensas como la Fundación Poder Ciudadano han solicitado peritajes para verificar la autenticidad de las voces y determinar si los archivos fueron alterados. Mientras tanto, la defensa de la droguería pidió que se anulen como prueba, argumentando que las compras ya habían sido investigadas y archivadas en una causa anterior.
Otro testimonio clave fue el de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario. Ante el fiscal, Cerimedo ratificó que en sus conversaciones, Spagnuolo mencionaba a la hermana y al sobrino del presidente. Además, reveló que el exfuncionario le confesó sentirse marginado del negocio.
En paralelo, la justicia dispuso otras medidas para robustecer la investigación. Se ordenó el acceso a las cajas de seguridad de Spagnuolo, del ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y de la familia Kovalivker, con el objetivo de evitar que se eliminen pruebas. En los allanamientos, se hallaron sumas millonarias y se incorporaron al expediente los registros de ingresos a los barrios privados donde residen los acusados.
También se incautaron los correos laborales y el servidor de Suizo Argentina. La investigación busca determinar si la Andis evitó las licitaciones tradicionales y optó por concursos privados de precios.
Por su parte, la empresa farmacéutica asegura que apenas el 10% de su facturación proviene del Estado y que su negocio principal es abastecer a farmacias y obras sociales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se encuentra analizando la documentación en busca de anomalías y sobreprecios.
En este contexto, la Fundación Poder Ciudadano se pronunció en contra del pedido de nulidad de la droguería, lo que deja en manos del juez Casanello una decisión central para el avance de la causa.
