Aunque ahora se arroga el triunfo judicial de la Argentina en los Estados Unidos que echó por tierra el fallo de primera instancia que obligaba al país a pagar más de 16 mil millones de dólares a dos fondos buitres por la estatización de YPF, lo cierto es que el presidente Javier Milei se había mostrado en 2025 dispuesto a pagar.
Tras conocerse el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, Milei aseguró en diálogo con Luis Majul que tenía "voluntad de pagar". "Hay un problema, porque la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar. Una de las ideas en las que estamos trabajando, es crear la ‘tasa Kicillof’; que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo. La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof".
E insistió con su idea que, señaló, "funcionará como un recordatorio para los argentinos sobre el costo de las decisiones políticas tomadas con una perspectiva ideológica pero ejecutadas con mala praxis. Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados".
Ahora Milei celebró y se adjudicó la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de revocar la sentencia que condenaba a la Argentina de pagar una cifra superior a los 16 mil millones de dólares. El tribunal ratificó además que la petrolera estatal fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012.
El proceso judicial había comenzado en el año 2015 y había tenido su punto más crítico en 2023. En ese momento, la jueza Preska condenó al país a pagar la millonaria indemnización más intereses, al considerar que se había violado el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Eton Park y Burford.
La resolución de la Cámara de Apelaciones llegó este viernes luego de una intensa etapa de apelación que tuvo su jornada clave en octubre de 2025. Durante una audiencia que se extendió por 96 minutos ante los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, los representantes legales del Estado argentino presentaron una estrategia sólida basada en tres pilares fundamentales. El objetivo principal era la anulación total de la sentencia o, en subsidio, un recorte drástico en los montos compensatorios.
El planteo central, sostenido de forma recurrente por diversas administraciones, incluyendo la de Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora la de Javier Milei, defendía que la jurisdicción adecuada para tratar este conflicto era la Justicia argentina y no los tribunales estadounidenses. La defensa argentina argumentó que un tribunal local debía determinar la jerarquía normativa entre la ley de expropiación, que permitió estatizar el 51% de la firma, y los estatutos internos que obligaban al lanzamiento de una OPA al superar el 15% del paquete accionario.
Acompañando este eje, se presentó un argumento técnico que señalaba errores en la interpretación de la normativa local —derecho societario y administrativo— por parte de la jueza Preska. Estas inconsistencias en la lectura del derecho argentino fueron determinantes para que los magistrados de alzada revisaran el fallo inicial.
A pesar de la postura inicial de Milei de pagar a los fondos buitre, ahora el mandatario libertario busca capitalizar el triunfo judicial de una estrategia que atravesó a tres gobiernos diferentes.
“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner”, lanzó Milei durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano ubicado en La Paternal.
