Con el Senado a punto de rechazar la ley que regula los Aportes del Tesoro Nacional, el Gobierno apuesta sus fichas a la Cámara de Diputados.
El ministro del Interior intensifica reuniones con mandatarios provinciales y se prepara para viajar al interior en busca de apoyos.
En la Casa Rosada ya dan por perdida la votación en el Senado sobre la ley que regulariza el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que se debatirá este jueves. Ante ese escenario, el Ejecutivo decidió concentrar sus esfuerzos en la Cámara de Diputados, donde considera que puede blindar los vetos presidenciales.
El encargado de desplegar esa estrategia es el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien asumió la tarea de reforzar los contactos con los gobernadores. Este viernes visitará San Juan para reunirse con Marcelo Orrego y, la próxima semana, tiene en agenda un viaje a Catamarca para encontrarse con Raúl Jalil, según lo informado por TN.
En los últimos días, Catalán ya mantuvo encuentros con Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Además, encabezó una reunión virtual con mandatarios aliados, en la que también participaron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo.
El Gobierno busca asegurar el respaldo provincial mediante la distribución de fondos, el impulso de obras y la cancelación de deudas. La apuesta oficialista es alcanzar los 90 votos negativos en Diputados, número suficiente para sostener los vetos. En la votación anterior, la iniciativa había reunido 143 votos afirmativos, 90 en contra y 12 abstenciones.
La estrategia de la Casa Rosada también apunta a descomprimir tensiones con los mandatarios y avanzar hacia un nuevo pacto de gobernabilidad después de las elecciones del 26 de octubre. La intención es fijar una hoja de ruta que incluya reformas laboral, tributaria y previsional, a ser enviadas al Congreso en diciembre.
El Ejecutivo pretende reeditar el esquema del Pacto de Mayo firmado en Tucumán en julio de 2024, que contó con la participación de 18 gobernadores. Con ese gesto, el oficialismo busca transmitir estabilidad política a los mercados y abrir la puerta a eventuales alianzas de cara a 2027.
En paralelo, la Casa Rosada admite que no pudo sostener los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica ni a la de Financiamiento Universitario. La estrategia, en esos casos, será demorar la ejecución de los fondos hasta el inicio del Presupuesto 2026. Una fórmula similar se aplicará con la Ley de Emergencia en Discapacidad, donde se analiza suspender su aplicación a través de un decreto.
