La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) denunció en la Cámara de Diputados que desde la asunción del presidente Javier Milei se perdieron más de 90 mil puestos de trabajo en el sector, una cifra que, según los dirigentes sindicales, refleja el fuerte impacto de la paralización de la obra pública y de los proyectos vinculados a la vivienda social.
La exposición se realizó en el marco de una reunión de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, presidida por el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman. Durante el encuentro se analizó la situación de la construcción, la inversión pública, la vivienda social y el plan PRO.CRE.AR, en un contexto marcado por la caída de la actividad y las dificultades para el acceso a la vivienda.
El impacto de la crisis en el empleo de la construcción
Uno de los principales expositores fue el director Ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, quien detalló la magnitud de la pérdida de puestos laborales en el sector desde el cambio de gobierno.
"Desde que asumió el gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción, de los cuales entre 35 a 50 mil están dedicados a la construcción de la vivienda, y en particular a la vivienda social, que es mano de obra intensiva en comparación con las cuestiones viales", afirmó.
La declaración puso el foco especialmente en la vivienda social como uno de los segmentos más afectados por la caída de la actividad. Según explicó Gándara, este tipo de obras demanda una gran cantidad de mano de obra, por lo que su paralización tiene un impacto directo sobre el empleo formal.
Durante su intervención también reclamó la necesidad de contar con "datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina", al tiempo que pidió avanzar en criterios comunes para facilitar el desarrollo habitacional.
En ese sentido, sostuvo que resulta necesario "generar un estándar en términos de las normativas provinciales y municipales que traban permanentemente el desarrollo de la vivienda".
Además, advirtió sobre lo que definió como "una dolencia del Estado", vinculada a la falta de políticas orientadas a la capacitación laboral. "Hay una dolencia del Estado que es la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores", alertó.
El acceso a la vivienda, condicionado por costos y falta de crédito
La discusión en Diputados también incluyó la mirada del sector empresario. El titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, describió un escenario en el que el acceso a la vivienda se volvió cada vez más complejo para gran parte de la población.
Szczech advirtió que el "costo en dólares del metro cuadrado" dificulta el desarrollo privado y sostuvo que la situación se agrava por la falta de financiamiento y crédito.
"Debido al costo en dólares del metro cuadrado que imposibilita el desarrollo privado; y, si a eso le sumamos la falta de financiamiento y de crédito, hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos", expresó.
El dirigente señaló además que la problemática trasciende a una administración puntual y consideró que existe una responsabilidad compartida para revertir el escenario actual.
"Más allá de los diferentes gobiernos, todos tenemos un deber que es trabajar para que deje de ser así", afirmó.
El reclamo por una ley nacional de vivienda
Otro de los planteos centrales surgió de parte del presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, quien consideró prioritario avanzar en una legislación nacional que permita ordenar políticas habitacionales de largo plazo.
Crivelli calificó como "fundamental" la posibilidad de trabajar en una ley nacional de vivienda y propuso una articulación amplia entre distintos actores para enfrentar el déficit habitacional.
En ese marco, pidió una tarea conjunta entre:
- Las provincias
- Los municipios
- El sistema financiero
- El sector inmobiliario
El objetivo, según explicó, es "encaminar todo lo necesario" para reducir los tiempos previstos para resolver el déficit de viviendas.
Crivelli sostuvo que anteriormente se estimaba que el problema habitacional podría demandar hasta 60 años para resolverse, pero consideró posible acortar significativamente esos plazos si existe coordinación entre los distintos sectores involucrados.
"Encaminar todo lo necesario para que en un plazo de 10 o 15 años el déficit habitacional, que pensábamos que podía llevar 60 años, se salde y se achiquen los plazos", manifestó.
El rol del Estado en la construcción de viviendas
La discusión también incluyó la posición de funcionarios provinciales vinculados a políticas habitacionales. La titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, cuestionó la idea de que el mercado inmobiliario pueda reemplazar automáticamente la intervención estatal en materia de construcción de viviendas.
"Cuando el Estado se corre, para el rol de construcción de vivienda no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema", afirmó.
La funcionaria destacó además la necesidad de sostener políticas inclusivas que contemplen el acceso a la vivienda como parte de una estrategia integral.
"Es fundamental que construyamos una Argentina que incluya a todos, también en materia de vivienda", concluyó.
Un debate atravesado por la obra pública y el déficit habitacional
La reunión de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano dejó expuestas distintas preocupaciones compartidas por representantes sindicales, empresarios y funcionarios provinciales. La pérdida de empleo en la construcción, la paralización de obras vinculadas a vivienda social, las dificultades de financiamiento y el aumento de los costos fueron señalados como factores centrales de una crisis que impacta tanto en el mercado laboral como en el acceso a la vivienda.
En ese escenario, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en mecanismos de articulación entre el Estado, las provincias, los municipios y el sector privado para enfrentar un déficit habitacional que continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del país.
