El Gobierno de Javier Milei realizó la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026. Originalmente, la Corte Suprema de Justicia había aprobado la suma $378.087.606.265, mientras que el Consejo de la Magistratura estimó la suma de $2.007.943.778.229 para el funcionamiento del Poder Judicial; pero ese monto no se vio reflejado en el texto final.
“El Presupuesto que se presenta refuerza nuevamente el compromiso inclaudicable del Gobierno Nacional con el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer los instrumentos de estabilización macroeconómica, que redundarán en la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y el desarrollo de la Nación”, señala el proyecto que ingresó al Congreso.
Esta semana comienza a debatir el presupuesto y el Ejecutivo busca evitar una nueva prórroga en la aprobación, que sería la tercera consecutiva desde 2023. En paralelo, los tiempos apremian para debatirlo antes de que finalicen las sesiones ordinarias.
En este escenario, el gremio judicial que en Julio Piumato advirtió que el presupuesto “desconoce la autarquía del Poder Judicial” y compromete su funcionamiento por la falta de fondos para infraestructura y tecnología.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresando su “honda preocupación” por la insuficiencia de los fondos asignados al Poder Judicial y que “desconoce las condiciones mínimas para asegurar el normal funcionamiento del servicio de justicia”, lesionando la independencia judicial y agravando la “emergencia edilicia, tecnológica y de personal” que atraviesa el Poder Judicial.
"El Poder Ejecutivo no ha considerado el presupuesto elaborado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, aprobado por los/as consejeros/as mediante Resolución Plenaria 3/2025 del 27 de agosto de 2025 y remitido por la Corte Suprema. Este desconocimiento implica un grave desfasaje entre las necesidades reales del servicio de justicia y los créditos efectivamente contemplados por el Poder Ejecutivo, señala el documento.
“(…) , la insuficiencia de recursos compromete gravemente la operatividad del Poder Judicial, limita la prestación eficaz del servicio de justicia y frena proyectos de modernización y mantenimiento esenciales para asegurar la independencia institucional y la adecuada atención a los ciudadanos”, concluye la nota firmada por Piumato, junto a la secretaría gremial María Fernández.
El punto más crítico se ubica en el Inciso 4 – Bienes de Uso, donde el Poder Ejecutivo asignó apenas la suma de $7.627 millones, lo que representa solo el 26% de las necesidades estimadas para el próximo año, fijadas por el Consejo de la Magistratura en $28.974.000.000. Esa reducción del 74% impactará directamente en infraestructura edilicia, equipamiento tecnológico y mantenimiento de edificios judiciales, según afirmaron.
La UEJN también advirtió que gran parte del dinero -cerca del 90%- se destina al pago de haberes, por lo que la falta de inversión en tecnología y bienes de uso “compromete el funcionamiento mínimo” del Poder Judicial y “anula todo tipo de mantenimiento y mejora edilicia”.
Los rubros más afectados, de acuerdo al gremio, se vinculan al mantenimiento y adecuación de edificios judiciales -lo que incluye obras de reparación, trabajos de impermeabilización, refacción de cubiertas, adecuación eléctrica y mantenimiento de ascensores-, equipamiento tecnológico y seguridad informática -renovación y ampliación de computadoras, servidores, sistemas de almacenamiento, software crítico, licencias de programas, cámaras de videovigilancia y sistemas de análisis de tráfico de red- y maquinaria, mobiliario y sistemas de infraestructura crítica de los tribunales de todo el país.
“La insuficiencia de recursos compromete gravemente la operatividad del Poder Judicial, limita la prestación eficaz del servicio de justicia y frena proyectos de modernización y mantenimiento esenciales para asegurar la independencia institucional y la adecuada atención a los ciudadanos”, concluye la nota firmada por Piumato, junto a la secretaría gremial María Fernández.
