Los representantes legales de los demandantes en el juicio internacional contra la Argentina por la expropiación de YPF solicitaron a la justicia de Estados Unidos que no se postergue la entrega de los chats de funcionarios nacionales. El plazo original vencía este jueves, y se espera una definición judicial en las próximas horas.
En su presentación, el abogado de Petersen y Eton Park Capital Management señaló que la Argentina recibió desde julio y agosto "órdenes claras del tribunal" para entregar las comunicaciones, pero "no actuó en tiempo y forma". Según argumentó, existe una demora "autoimpuesta" y la dificultad para cumplir con el plazo "es atribuida exclusivamente a la República, que recién ahora planea contactar a los custodios, sin garantías de producción concreta".
El abogado Christopher Buford pidió que Argentina cumpla con la entrega completa de las comunicaciones este mismo jueves, o que el tribunal imponga un nuevo límite para el 21 de noviembre, sin más excepciones. Aun así, aclaró que, si fuera necesario, las partes podrían acordar una extensión adicional si los custodios presentaran documentos pertinentes.
En su presentación, Buford también acusó al Estado argentino de "usar tácticas de demora en todos los aspectos del proceso de descubrimiento", como la entrega parcial de documentos y la falta de respuesta ante propuestas de búsqueda y custodia. Además, afirmó que el Gobierno rechazó una "propuesta razonable" para extender el plazo, bajo la condición de garantizar una entrega completa antes del 21 de noviembre, y "ni siquiera aceptó reunirse para discutirla".
El documento presentado en el tribunal estadounidense agrega que la Argentina entregó sus avisos de preservación "con retraso y sin mención específica a plataformas como WhatsApp", lo que generaría dudas sobre la conservación de las comunicaciones relevantes. Según los demandantes, estas demoras "afectan el avance del caso y los derechos de los reclamantes".
Mientras tanto, los abogados que representan a la República Argentina expusieron este miércoles los argumentos de la apelación contra la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, a la que calificaron de "errónea" y basada en "una interpretación equivocada del derecho argentino".
De acuerdo con la Procuración del Tesoro de la Nación, la defensa del Estado puso el foco en la necesidad de respetar la jurisdicción nacional, ya que —según sostuvo— el caso debió tramitarse ante tribunales argentinos.
Durante la audiencia, los representantes del país remarcaron que la sentencia inicial se apoyó en "ficciones jurídicas de graves consecuencias" y que el reclamo de los fondos Burford y Eton Park no guarda relación con el mercado bursátil estadounidense. Además, recordaron que los demandantes no adquirieron sus acciones en la oferta pública inicial de YPF de 1993, sino años después, mediante operaciones privadas con Repsol en España "rodeadas de serias sospechas de corrupción".
El litigio, que podría implicar un impacto económico significativo para el país, es seguido con atención por distintos sectores, incluso en Catamarca, por su potencial efecto sobre las finanzas nacionales y provinciales.
