A solo 24 horas de que comenzara a regir el traspaso de personal del Poder Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial, el proceso quedó en suspenso tras la resistencia de los agentes afectados y la intervención de un ministro de la Corte de Justicia provincial, quien se opuso al reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores.
La iniciativa había sido consensuada a principios de junio, en una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Fedelli, y los ministros de la Corte de Justicia. Allí se avanzó en un acuerdo para que, desde el 1° de agosto, se concrete la movilidad de agentes estatales hacia el ámbito judicial.
El traspaso se enmarca en la Ley N° 5797 y su modificatoria, que establece la posibilidad de movilidad de personal entre los poderes del Estado a través de concursos públicos de antecedentes y oposición. El objetivo principal es reforzar el funcionamiento de la Policía Judicial.
Sin embargo, según confirmaron fuentes oficiales, el ministro de la Corte José Ricardo Cáceres expresó en los últimos días su desacuerdo con reconocer la antigüedad a los empleados que debían incorporarse. Esto generó una fuerte reacción entre los agentes que ya habían sido capacitados para el cambio y que ahora, ante esa negativa, optaron por dar marcha atrás.
El acta acuerdo firmada entre los poderes establecía que, en una primera etapa, alrededor de 30 empleados pasarían a desempeñarse en el Poder Judicial a partir del 1° de agosto. La incertidumbre provocada por el cambio de postura complica la ejecución de lo planificado y profundiza el malestar entre los trabajadores, quienes reclaman garantías sobre sus derechos laborales adquiridos.
