El Fondo Monetario Internacional anunció el envío de la misión que tendrá a su cargo la primera revisión del programa de facilidades extendidas firmado en abril último. Según se informó en Washington, la delegación llegará a Buenos Aires a fines de este mes.
La vocera oficial del organismo, Julie Kozack, precisó que la misión vendrá «para evaluar el progreso en las metas y objetivos del programa, y también para discutir la agenda de reformas que se espera de las autoridades».
En las últimas semanas, el centro de atención de los observadores fue si el gobierno argentino podría cumplir la meta de acumulación de reservas fijada para el primer «deadline», que fue este viernes pasado.
Para ello, el equipo económico se metió por el atajo de «alquilar reservas», término que se utilizó en la City para calificar el préstamo de dos años suscripto con bancos internacionales por U$S 2000 millones, contra la garantía de Bopreales (los bonos en dólares del Banco Central).
La movida resultó en que las reservas brutas llegaron a U$S 40.461 millones. Sin embargo, despejando los pasivos y de acuerdo a la metodología del FMI, se cree que el gobierno terminará pidiendo un «waiver» o dispensa por no haber podido cumplir la meta prefijada.
La llegada de la misión, además, echa por tierra la creencia de que el Fondo daría un poco más de tiempo, quizás hasta fines de julio, para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa.
Pero por fuera de las metas cuantitativas (acumulación de reservas, superávit fiscal y emisión monetaria cero, estas dos últimas cumplidas), el FMI parece haber vuelto a poner sobre el tapete las reformas estructurales de largo plazo, las que trata de imponer hace varios años en la Argentina y que repite en cada nuevo acuerdo. Allí se engloban cambios en el sistema impositivo, previsional y laboral, entre otros temas. Kozack habló expresamente de «la agenda de reformas que se espera de las autoridades».
En rigor de verdad, si hay un gobierno que se preocupó por llevar adelante las políticas de austeridad y de ajuste fiscal que el FMI pregona de manera sempiterna fue justamente el de Javier Milei, que se vanagloria de haber llevado adelante «el ajuste más grande en la historia de la humanidad».
Sin embargo, el ritmo al que se realizan las reformas de fondo es diferente. Desde la Casa Rosada admiten que si bien hay ideas y discusiones, las posibles tensiones sociales y políticas aconsejan demorar cualquier cambio de fondo hasta 2026, después de las elecciones y con un Parlamento que imaginan con una mayor cantidad de bancas de color violeta.
Lo hecho y lo que falta
Entre los cambios que ya se llevaron adelante, en línea con lo que pide el Fondo, está la flexibilización del cepo y el cese de la tablita con que se actualizaba el dólar, que ahora flota dentro de una franja acotada de entre 1000 y 1400 pesos por unidad. También se desmontó el «blend» para el sector exportador, lo que contribuyó a ordenar el sistema cambiario.
Además se avanzó en la quita de subsidios a los servicios públicos y en el cese de la moratoria previsional, que en la práctica le cerró la puerta en la cara a los trabajadores que no tienen la totalidad de los aportes requeridos, sea por desidia propia o por evasión de sus empleadores.
En materia impositiva, el gobierno abrió el debate sobre un nuevo sistema de IVA, que dejaría de ser coparticipado: una parte del arancel quedaría para la Nación y sería fija, mientras que la otra la determinará cada provincia. En el Palacio de Hacienda sueñan con ver competir a cada territorio, rebajando al máximo posible su fracción del impuesto para atraer más empresas y negocios.
Para el FMI, la implementación de reformas de largo plazo es una cuestión doctrinaria. «La flexibilización propuesta de las restricciones cambiarias en el marco del programa, el retorno previsto a los mercados internacionales de capitales y los esfuerzos para simplificar y mejorar la eficiencia de la reforma tributaria deberían contribuir a cerrar las brechas estructurales y los obstáculos al crecimiento y la productividad», señala un apéndice del acuerdo firmado con el gobierno argentino.
En Washington también se animan a ponerle números al incremento del PBI que, aseguran, provocarán esas disposiciones. «Al acercar los niveles de gobernanza y las reformas de regulación empresarial a los de los mercados emergentes en el percentil 75 (por ejemplo, Polonia y Costa Rica), Argentina podría impulsar el producto en más de 1,5 puntos porcentuales anuales durante cinco años, mientras que la reducción de las restricciones externas, en línea con los mercados emergentes en el percentil 50 (p. ej., Brasil), podría incrementar el producto en 2,5 puntos porcentuales anuales adicionales durante el mismo período», dice el texto. «
