La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados fue uno de los tres ejes que eligió Amnistía Internacional para destacar en el informe que publicó este lunes con motivo de los 100 días de gobierno de Javier Milei. La presentación se propuso analizar el impacto de las primeras medidas de la nueva administración en los derechos de las personas. “Los jubilados son los que han perdido y no solamente capacidad de compra, sino tranquilidad y dignidad en los últimos años y con especial énfasis en los últimos meses”, expresaron los representantes de Amnistía en Argentina que presentaron el informe, que se ocupa, también, de otros dos ejes, la violencia digital y la gestión del conflicto social durante la administración de La Libertad Avanza.

“Ajustar a los ajustados no parece ningún castigo a poderosos"

Según explicó Mariela Belski, directora ejecutiva en Argentina, la organización advierte “con preocupación el impacto profundo que han tenido algunas medidas que se han tomado en la vida y los derechos de las personas” durante el primer período de gobierno de Milei. Eso incluye a las personas jubiladas, las más afectadas por el modelo.

“Ajustar a los ajustados no parece ningún castigo a poderosos, sino lo contrario. Por eso, trabajar en una propuesta que permita que recuperen el poder adquisitivo perdido y proyecten un acompañamiento de las variables económicas a futuro es un imperativo de derechos humanos”, dijo Belski.

El informe señala que la evolución de los haberes jubilatorios está “muy lejos de compensar la inflación acumulada en los últimos tres meses” y que “la suma de haberes mínimos y bonos sufrió una pérdida de alrededor de una cuarta parte de su poder adquisitivo en apenas tres meses”.

“Desde enero de 2024 se produce un hecho inédito: por primera vez desde que el INDEC implementó una nueva metodología de medición, en 2016, el poder adquisitivo de la jubilación mínima (incluyendo bonos) no alcanzó a cubrir la Canasta Básica Total por adulto equivalente. En otras palabras, según las propias estadísticas oficiales, los haberes mínimos actuales constituyen ingresos de pobreza”, dice el informe.

La motosierra

Tal como admitió el presidente Milei durante la entrevista que le brindó el domingo a LN+, la caída de las jubilaciones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal que llevó a cabo la nueva administración, comandada en lo económico por el ministro Toto Caputo. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional realizado durante el primer bimestre de 2024 se explica en un 43% por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones.

“El no hay plata no puede empujarnos a la disyuntiva de recomponer su jubilación o dejar morir a los jubilados y pensionados. Hay una obligación moral, pero también un compromiso internacional: la Argentina se encuentra obligada por tratados internacionales a garantizar los derechos a la seguridad social de manera progresiva hasta el máximo de sus recursos disponibles”, indicó Santiago Juncal, director de Política y Justicia Internacional.

En pleno debate por la reforma previsional, la organización propuso lineamientos básicos que, considera, debería tener la nueva fórmula. “El foco debe dejar de ser que los jubilados no pierdan contra la inflación -dado que ya perdieron en los años anteriores – sino a que puedan ganarle y mejorar el poder adquisitivo, lo cual requeriría una recomposición efectiva de sus niveles de ingreso de acuerdo con sus necesidades. Las fórmulas actuales propuestas no explicitan cómo irían paulatinamente aumentando su poder adquisitivo”.

Violencia digital y conflicto social

Además de la problemática de las jubilaciones y el “empobrecimiento de gran parte de la sociedad”, Amnistía señaló que “esta administración suma un nuevo modelo de liderazgo de no diálogo y de violencia permanente” que “fija el interés del debate público en la confrontación, el odio o la pelea”.

Belski señaló que Twitter “se convirtió en la herramienta preferida del Gobierno para los señalamientos, las indirectas y las acusaciones”. “Los otros poderes, referentes de la oposición, periodistas, artistas, medios de comunicación y organizaciones son frentes de ataque. Cuando, además, quien está al frente de esos ataques es el presidente de la Nación, tiene efectos silenciadores y amedrentadores que socavan la libertad de expresión”, dijo.

Por último, la organización se refirió al aumento de la pobreza, su impacto social y el manejo del conflicto por parte del Gobierno. “Esta cruda realidad no puede anularse, por más represión y restricciones que se impongan. Cuando sucede la protesta es porque la tensión que genera el conflicto es insostenible. Al hambre no se le da respuesta con mano dura”, concluyó.

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